Acuerdo histórico para el empadronamiento biométrico en cárceles y el ejercicio del voto
La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y el Presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, han firmado un acuerdo interinstitucional que permitirá el empadronamiento y desarrollo de la información biométrica en los centros de corrección y rehabilitación del sistema penitenciario. Este acuerdo es un paso importante hacia la implementación del voto penitenciario en la República Dominicana.
Durante la firma del convenio, Germán Brito destacó la relevancia de este acuerdo al reconocer y garantizar los derechos consagrados en la Constitución a favor de los más desfavorecidos de la sociedad. Expresó su emoción al devolverles a los privados de libertad parte de su humanidad y subrayó la importancia de que puedan ejercer su derecho al voto y hacer valer su opinión en las elecciones.
Por su parte, Jáquez Liranzo destacó que este convenio representa un paso histórico hacia la transparencia democrática y el reconocimiento de un derecho fundamental. Resaltó que el objetivo principal es garantizar que las personas privadas de libertad, sin perder ningún derecho fundamental excepto los establecidos por el proceso penal, puedan ejercer el derecho al sufragio activo en las elecciones de 2024.
El acuerdo, con una duración inicial de tres años y posibilidad de renovación, establece que la JCE proporcionará los equipos necesarios para el empadronamiento y la actualización de información biométrica en los centros penitenciarios. También facilitará el uso del sistema multibiométrico para la consulta e identificación de personas. Por su parte, el Ministerio Público dispondrá del personal y los medios tecnológicos necesarios para el registro y procesamiento de la información biométrica.
Además, el Ministerio Público remitirá a la JCE las sentencias condenatorias a penas criminales irrevocables y aquellos casos que ameriten la cancelación de las cédulas de identidad.
Este convenio busca garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los internos y permitir la entrada en vigencia del voto penitenciario a partir de las elecciones de 2024. Asimismo, establece la competencia del Ministerio Público para investigar los delitos electorales, según lo establecido por una sentencia del Tribunal Constitucional y la nueva normativa.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral y el Director de Servicios Penitenciarios y Correccionales.