El Ministerio Público solicitó al juez de la Instrucción Especial, Napoleón Estévez Lavandier, imponer medidas de coerción contra la diputada Rosa Amalia Pilarte López. Ella enfrenta acusaciones de narcotráfico y lavado de activos.
El procurador adjunto Pedro Amador pidió presentación periódica e impedimento de salida del país como medidas de coerción. También solicitó una garantía económica en efectivo de 100 millones.
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó la investigación contra la diputada Rosa Amalia Pilarte López por los delitos mencionados.
La diputada Pilarte López es imputada en un expediente que involucra a su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román, quienes también enfrentan acusaciones del Ministerio Público en La Vega.
El Ministerio Público incluye en la acusación a las empresas Auto Crédito Selecto, Servi Crédito Selecto, Agropecuaria Gloria Ivette e Inmobiliaria Gloria Ivette. Se alega que estas empresas fueron utilizadas como fachada para blanquear dinero obtenido por actividades de narcotráfico en el sistema financiero nacional, por un monto de miles de millones de pesos y dólares.
Pablo Antonio Martínez Javier, socio de Miky López y condenado en Estados Unidos por narcotráfico en 2009, permanece prófugo por su participación en la red.
Los fiscales sostienen que la organización criminal movió más de RD$2,000 millones entre 2007 y 2019, información corroborada por los movimientos económicos en los bancos nacionales, proveniente de actividades ilícitas.