El informe “Monitor de la Frontera” revela un aumento significativo en nuevos proyectos y su impacto en empleo, desarrollo territorial y compromiso social.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – El Ministerio de Economía (MEPyD), Planificación y Desarrollo informó que hasta mayo de 2025 ha recibido un total de 90 solicitudes para acogerse a los incentivos de la Ley 12-21, que establece la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo (Ministerio de Economía recibe 90 solicitudes para acogerse a la Ley 12-21 de Desarrollo Fronterizo).
Según el informe mensual “Monitor de la Frontera”, elaborado por la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, se ha registrado un incremento del 51.5 % en la participación de nuevos proyectos en comparación con septiembre de 2023. Estos representan actualmente el 36.9 % del total de solicitudes.
84 proyectos ya han sido aprobados
De las 90 propuestas evaluadas por el Ministerio, 84 han sido aprobadas por el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF). La mayoría de las empresas aprobadas operan en la parte norte de la zona fronteriza:
- Monte Cristi: 64.3 %
- Santiago Rodríguez: 13.1 %
- Dajabón: 10.7 %
Principales sectores económicos
En cuanto a las actividades económicas, los proyectos se concentran principalmente en:
- Actividades agropecuarias: 42.9 %
- Actividades manufactureras: 34.5 %
Esto evidencia una apuesta por el fortalecimiento de sectores productivos claves para el desarrollo de la región fronteriza.
Generación de empleo
Uno de los mayores impactos del nuevo régimen de incentivos es en la generación de empleo. El informe proyecta que estos proyectos crearán más de 13,500 empleos, superando las cifras logradas bajo la anterior Ley 28-01.
Compromisos sociales alineados al desarrollo local
El informe destaca que 7 de cada 10 proyectos están alineados con los lineamientos estratégicos definidos por los Consejos Provinciales de Desarrollo, lo que garantiza una conexión directa con las prioridades de cada territorio.
Como establece la Ley 12-21, todas las empresas acogidas deben presentar un Plan de Compromiso Social (PCS). El total de inversión destinada a estos planes asciende a RD$ 953.2 millones, con un promedio de RD$ 11.3 millones por empresa.
Guía para fortalecer el impacto territorial
Con el objetivo de estandarizar el proceso, facilitar el cumplimiento de las obligaciones sociales y maximizar el impacto en las comunidades, el MEPyD ha desarrollado una Guía de orientación para formular el Plan de Compromiso Social.
Además, se están implementando iniciativas de acompañamiento a las empresas para fortalecer la coherencia entre los PCS y los diagnósticos territoriales.
Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo – Informe “Monitor de la Frontera”, mayo 2025.